Seguramente hay mucha culpa que repartir en KPMG por sus auditorías del contratista británico Carillion. Pero, ¿qué culpa debería tener un joven contable de 25 años, aún no calificado, con unos ingresos netos anuales de poco más de 25.000 libras (29.500 euros)?
Pratik Paw fue uno de los empleados de KPMG que se vio implicado en un juicio por su papel en el encubrimiento relacionado con la última auditoría de la empresa antes de su quiebra. La semana pasada, el tribunal sentenció que él, tres directivos y el entonces socio auditor, Peter Meehan, habían incurrido en mala praxis (ninguno trabaja ya en la empresa). El Consejo de Información Financiera, organismo de control de la contabilidad, exige una multa para Paw de 50.000 libras.
La culpa de Paw fue pasar a un computador unas notas para convertirlas en actas formales, unos meses después de que se celebrara la reunión que debía quedar registrada. A continuación, se las hizo llegar al regulador como si estuvieran elaboradas antes de la aprobación de la auditoría, en lugar de presentarlas cuando los inspectores de la auditoría acudieron a la cita.
Paw seguía las instrucciones de su superior, un auditor de nivel medio. Tardó una hora y cuarto en hacerlo todo. Le podrían haber saltado las alarmas porque le pidieron que utilizara un documento de una fecha anterior para sus actas (para que los metadatos no revelaran al regulador que eran recientes). Aunque el tribunal cree que su conducta no fue deshonesta, también opina que debería haber sabido que no debía actuar sin preguntar.
Aunque la auditoría de Carillion se gestionó desde la oficina de KPMG en Birmingham, este es un caso que debería preocupar a los jóvenes de las empresas de servicios profesionales de la City en Londres.
Está claro que ser joven no es una excusa para un mal comportamiento. Tampoco la falta de experiencia justifica las fallas éticas y el argumento de que sólo cumplían órdenes no exime de responsabilidad a los que se equivocan.
Pero las empresas de servicios profesionales de la City se basan en las jerarquías. Dado que las recompensas se concentran en la cima, también deberían hacerlo los riesgos. Ahí es donde viene el problema en este caso. Hay una sensación de que se ha minimizado la responsabilidad del socio y que se ha cargado la culpa sobre el empleado más joven.
Las Big Four contratan a miles de licenciados cada año, muchos de los cuales no serán expertos contables por naturaleza. Tienen que aprender de sus superiores en el trabajo. En una organización basada en la experiencia y rígidamente estructurada, es probable que se limiten a hacer lo que sus jefes les pidan. Y se les paga en consecuencia. Paw no pensó que lo que se le pedía fuera algo fuera de lo común. No tenía mucho que ganar personalmente acatando las órdenes.
Para que los empleados junior se sientan seguros al actuar dentro de la jerarquía, deben poder confiar en que sus superiores asuman sus errores o la responsabilidad cuando eso no ocurra. Esa responsabilidad se extiende, en última instancia, hasta el socio encargado.
Eso no significa que los socios lo supervisen todo de cerca. Los modelos económicos de las empresas suelen basarse en maximizar el trabajo de los empleados para que los beneficios de la empresa se repartan entre el mínimo número de socios.
Pero la responsabilidad debe recaer en el socio. Eso es lo que el exsocio de KPMG, Peter Meehan, pareció resistirse a aceptar durante el juicio, cuando argumentó que "la actividad económica no funcionaría si tuviéramos que estar pendientes de lo que hacen los empleados junior". Puede que sea cierto, pero es el riesgo que asume el socio.
Meehan tampoco se librará de la sanción. Se enfrenta a una posible multa de hasta 400.000 libras y a una suspensión de 15 años si el regulador gana el caso. Pero, como socio de KPMG desde 1998 hasta 2021, se encuentra en una etapa de su carrera y de su vida muy diferente a la de Paw, para el que se pide una suspensión de cuatro años y una multa de 50.000 libras por cumplir órdenes.
Si esa es la forma en que el regulador va a pedir cuentas a un empleado inexperto por cometer una infracción, los jóvenes deberían exigir mucho más para compensar los riesgos que asumen. Eso no significa sólo más dinero, sino también una formación más sólida sobre ética y cumplimiento. Las empresas también deben tratar de cultivar una cultura en la que se espere que los junior puedan oponerse con más firmeza a determinadas peticiones de sus superiores.
Mientras tanto, el caso debería preocupar a otros jóvenes profesionales que no estén seguros de si una petición de su superior que podría parecer inocua puede en realidad suponer el fin de su carrera.
